En el mundo desarrollado y entre las elites de los países en desarrollo, se da por sentada la posibilidad de decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. No obstante, para la mayoría de las personas residentes en países en desarrollo, especialmente las más pobres, las facultades y los medios de determinar el tamaño de sus familias son escasos o insuficientes. Según se estima, hay 222 millones de mujeres que carecen de acceso a servicios fiables y de alta calidad de planificación de la familia, así como a la información al respecto y a los suministros, lo cual las coloca en situación de riesgo de tener embarazos no deseados. También en los países desarrollados hay altos niveles de embarazo no deseado, especialmente entre adolescentes, personas pobres y minorías étnicas.

 

La enorme necesidad insatisfecha de planificación de la familia persiste, pese a los acuerdos y tratados internacionales de derechos humanos que promueven los derechos de las personas a adoptar sus propias decisiones acerca de cuándo tener hijos y con qué frecuencia.

 

Actualmente, hay un reconocimiento casi universal de que la planificación de la familia es un derecho intrínseco, afirmado y sostenido por muchos otros derechos humanos. Dado que se trata de un derecho, la planificación voluntaria de la familia debería estar al alcance de todos, y no solamente de los más ricos o los más privilegiados.