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El mayor reto que enfrenta Venezuela en estos momentos en la agenda de población es “resolver la profunda crisis económica que está atravesando y las consecuencias humanitarias que ello conlleva. El crecimiento económico reclama la incorporación plena de la población que está en edad de trabajar , incluidas las mujeres; pero la crisis económica, la dinámica de movilidad y  las políticas de confinamiento en respuesta a la COVID-19, son elementos emergentes que atentan contra el crecimiento económico sostenible. La movilización de recursos se centra entonces en la respuesta humanitaria y ello abre una brecha aún mayor en el financiamiento del desarrollo que debe centrarse en mayor inversión en juventud”, afirma Jorge González Caro, Representante Nacional del UNFPA Venezuela.

En 1994, 179 países adoptaron un Programa de Acción histórico durante la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) que colocó los derechos, las necesidades y las aspiraciones de las personas en el centro del desarrollo sostenible.

 A pesar del notable progreso en los últimos 25 años, las promesas de este programa siguen siendo una realidad distante para millones de personas en todo el mundo. “Se ha registrado un aumento del 25% en la tasa de prevalencia de uso de anticonceptivos a nivel mundial. Los partos de adolescentes y la tasa de mortalidad materna han disminuido; pero el progreso ha sido lento y desigual. Siendo entonces una agenda incompleta, la importancia de Nairobi 2019 es que sirve de plataforma para un relanzamiento de los Principios de la CIPD que están más vigentes que nunca”, explica Jorge González Caro.

En la Cumbre de Nairobi 2019 sobre la CIPD, se ratificó la declaración de principios de colocar los derechos, las necesidades y las aspiraciones de las personas en el centro del desarrollo sostenible. Esto “supone un cambio radical en la concepción del desarrollo, una evolución de una visión donde se ponía el acento en el crecimiento económico, para desde allí superar la pobreza y satisfacer las necesidades de la población a una que nos invita a poner a las personas en el centro de cualquier política de desarrollo sostenible, asumiéndolas como sujetos de derecho y que también sumen responsabilidades en la gestión de esta política”, comenta Julio Fermín, Coordinador General EFIP.

En Venezuela hemos visto algunos avances para alcanzar los compromisos sobre el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, el empoderamiento de las mujeres y las niñas y la igualdad de género sin dejar a nadie atrás, en particular a las y los jóvenes como agentes de cambio positivo, pero son todavía muchas las brechas.

La reducción de las tasas de embarazo en adolescentes en el país ha sido uno de los grandes desafíos. El logro más importante en esta materia es “el diseño de una política pública integrada, sistémica y coherente en torno al Plan Nacional para la Prevención del Embarazo a Temprana Edad y en la Adolescencia (PRETA) en la que destacan los avances en Educación Integral de la Sexualidad. La mayor brecha está en lograr el acceso universal a los insumos anticonceptivos, los servicios diferenciados, la educación integral de la sexualidad, el diseño de proyectos de vida, la investigación y las campañas”, apunta Jorge González Caro.

La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Carolys Pérez, señala que se ha hecho “un esfuerzo para garantizar no solo acceso a la información sino para activar las rutas de salud de la mujer, para colocar de manera gratuita métodos anticonceptivos y adicionalmente hemos emprendido de la mano del UNFPA y otros Ministerios, campañas que garanticen que el acceso a la información sea universal y libre en las distintas etapas de la vida. Pero el incremento de la participación de toda la familia en el debate en torno a los derechos sexuales y reproductivos, es todavía un desafío”.

Por otro lado, se ha desarrollado una política de ruta materna que está dando resultados en la disminución de las tasas de mortalidad materna, “sin embargo, es necesario seguir fortaleciendo el equipamiento, los insumos y los recursos humanos especializados en los Servicios de Cuidados Obstétricos de Emergencia. Lograr el acceso a los centros de cuidados y ser atendidas oportunamente es el gran reto”,  explica Jorge González Caro.  

Por su parte la violencia basada en género tiene sus mayores logros en el marco normativo, principalmente la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero “presentamos debilidades institucionales para la puesta en práctica de los servicios de atención a sobrevivientes de violencia basada en género y el sistema de justicia para las víctimas, especialmente en el caso de la violencia sexual”, explica Julio Fermín.

“Otro desafío es la modificación de esta ley para poder incorporar allí otras formas de violencia que nos aquejan como la violencia política y algunas causales en la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo”, agrega la Ministra Carolys Pérez.

Mientras que Vanessa Blanco, aliada juvenil del UNFPA Venezuela y directora de la organización joven PRIDE, afirma que todavía está pendiente lograr la participación real y efectiva de más personas. “Debemos asegurar que jóvenes, adolescentes, mujeres y niñas puedan llegar a espacios de toma de decisiones donde nuestras ideas, pensamientos y necesidades sean realmente escuchadas y tomadas en cuenta. Y es muy importante hablar de diversidad de todo tipo:  étnica, sexual, para incluir a comunidades indígenas, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex, que actualmente hacen frente a diferentes tipos de discriminaciones e invisibilización”.  

Para UNFPA Venezuela es fundamental el desarrollo de políticas públicas que promuevan mayor inversión en juventud y poder aprovechar así el potencial económico que trae consigo el bono demográfico. Para que eso sea posible, Jorge González Caro explica que es necesario:

1) Disminuir las tasas de embarazo en adolescentes, para lo que están trabajando con el PRETA.

2) Promover la comprensión de la estructura, las necesidades, las aspiraciones, las dificultades y los retos de la juventud venezolana, por lo que están apoyando al Instituto Nacional de la Juventud con la elaboración de las Encuestas de Juventud.

3) Impulsar un modelo productivo que dé mayores oportunidades a los jóvenes, para lo que están promoviendo un programa piloto con el apoyo de EFIP en el Estado Anzoátegui sobre liderazgo juvenil y emprendimiento.

4) Resaltar la comprensión de la transición demográfica en todos los sectores públicos y productivos del sector privado, para que planifiquen e incorporen el concepto del bono demográfico en la generación de primer empleo, en la construcción de viviendas para jóvenes, en la comercialización de productos, en el diseño de espacios públicos, en servicios de salud diferenciados para adolescentes y jóvenes y en el empoderamiento de las mujeres en proyectos de vida alternativos al de la maternidad como paradigma de la realización personal.

A un año de la Cumbre de Nairobi que reunió a más de 9,500 delegadas y delegados de más de 170 países para establecer una agenda compartida para concluir el Programa de Acción de la CIPD; el compromiso con el cumplimiento de las aspiraciones de las y los adolescentes y la inclusión de las mujeres para un desarrollo sostenible está más vigente que nunca. Así como la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 fue un punto de inflexión que cambió la vida de las mujeres y las niñas, incluyéndolas en el desarrollo; la Cumbre de Nairobi será recordada como un hito en nuestra historia que movilizó acciones concretas para salvar vidas, sacar a millones de mujeres y niñas de la exclusión y la vulnerabilidad, y permitir a las naciones aprovechar el bono demográfico para hacer crecer sus economías.